Minería: por un desarrollo con justicia y dignidad para todos

Por David Monreal Ávila

El Salvador,(12-04-2021).- Este fin de semana visité el semidesierto, fotografía viva de contrastes.

Por un lado el subsuelo es rico, lleno de metales preciosos como la plata y el oro, explotados por mineras nacionales y extranjeras, y por el otro, nuestro pueblo de esta región vive sumido entre la pobreza y la pobreza extrema.

Así como afirmo que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, necesitamos cerrar las brechas para que las minas ricas generen riqueza también al pueblo.

Caminando por El Salvador, Melchor Ocampo y Concepción del Oro el clamor de la población es uno «Queremos trabajo». «Tenemos derecho a la prosperidad». Sin duda que mi gobierno tendrá en ambos clamores sociales el faro siempre encendido. Mi deber como próximo gobernante será para las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños y las niñas del semidesierto y de los 58 municipios todos, hacer realidad el derecho al trabajo digno y la prosperidad, de lo contrario, que el pueblo me lo demande.

Expondré aquí la propuesta que tenemos para que la minería siga siendo un factor de desarrollo que cambie la realidad de nuestra gente y al mismo tiempo pueda ser respetuosa del medio ambiente para que entre todos cuidemos lo que el Papa Francisco llama Nuestra casa común.

La historia de Zacatecas está ligada desde sus comienzos con la actividad minera. Durante la época prehispánica, las dos zonas arqueológicas más importantes del estado, Chal- chihuites y La Quemada tuvieron una economía que incluía la extracción de turquesas y piedras azul verde. Durante el periodo colonial, un grupo de exploradores comandados por Juan de Tolosa descubrieron una de las vetas de plata más grandes de toda la Nueva España al pie del cerro de la Bufa, lo que dio inicio a la fundación de la ciudad virreinal el 8 de septiembre de 1546. Pocos años después se encontraron otras vetas en Ranchos, Chalchihuites, San Martín y Som- brerete. Con estos descubrimientos, Zacatecas se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España.

Gracias a estas actividades mineras la ciudad también se consolidó como un importante centro religioso y cultural, conocida como la Civilizadora del Norte ya que desde esta región partían las misiones evangelizadoras de los fran- ciscanos. Sin embargo, gran parte de estas riquezas minerales no se quedaron en México, sino que se destinaron al enton- ces imperio de España. Durante el siglo XIX, al terminar la guerra de Independencia, “los gobiernos republicanos, como los mineros locales, se vieron en la necesidad de crear me- canismos para la recuperación del sector, coincidiendo en

una política de atracción de capitales extranjeros” (Herrera y Parra, 2018), por lo que desde sus inicios la actividad minera ha estado ligada en gran medida a las inversiones externas, primero europeas y después del norte de América. De acuerdo con Gaytán Alfaro et al. (2017) durante la Colonia “la primacía de la minería definió una estructura social de dominación y control político en cuya cúspide se ubicó un pequeño grupo de grandes latifundistas mineros, mientras en el peldaño de la amplia base estaba una masa de trabajadores y campesinos hechos a la vida en la mina o

en el trabajo de las haciendas”. A inicios del siglo XX a pesar de que la minería constituyó el eje dinamizador alre- dedor del cual se articularon la ganadería y la agricultura, sumado a que ésta estuvo desde sus inicios altamente incorpo- rada a la producción mercantil nacional e internacional, ello no implicó para el Estado la generación de condiciones básicas para una dinámica económica hacia el futuro que potenciara con mayor fuerza el desarrollo de actividades industriales (Gaytán Alfaro et al., 2017: 17).

Desde entonces, ese ha sido el principal problema de la actividad minera: la falta de un encadenamiento productivo con otras actividades locales para propiciar un desarrollo regional diversificado. Como también indica Chávez Ruiz (2014) “pese a ser una de las actividades de más larga tradición en Zacatecas, la minería no logró su integración a la economía de la entidad; su relación con el resto de actividades económicas es mínima y su impacto en el desarrollo económico es limitado”.

En la actualidad, el estado de Zacatecas continúa siendo un referente de minería tanto en México como en el mundo, con una ubicación privilegiada en el centro norte del país, y rodeado por otras entidades dinámicas y en crecimiento. Nuestro país es el primer lugar mundial en producción de plata, y un importante productor de oro, cobre, fluorita, bis- muto, zinc, entre otros minerales, por lo que es considerado una de las principales regiones mineras a nivel mundial, y el quinto mejor destino para inversión en este rubro; además, recientemente se descubrió en Sonora el yacimiento más grande de litio en todo el mundo, un metal estratégico del que también existen vetas en nuestra entidad. Un ejemplo de encadenamiento y generación de valor es instalar el pro- ceso completo de extracción de litio hasta el desarrollo de productos como autos eléctricos o sistemas de energías renovables, así como investigación en el mejoramiento de la tecnología de baterías y otras aplicaciones de este elemento, todo esto aprovechando que el punto de origen de la materia prima está además cercano al mercado de consumo más gran- de del mundo. En este contexto, de acuerdo a cifras actua- lizadas a diciembre de 2019, Zacatecas es el primer lugar nacional en plata, así como en plomo y zinc; segundo lugar en cobre, y cuarto lugar nacional en oro (INEgI, 2019b).

Además, de nuestro suelo se extraen otros minerales metálicos y no metálicos como: antimonio, arsénico, bismuto, estaño, mercurio, cadmio, tungsteno, molibdeno, carbón, hierro, manganeso, azufre, grafito, barita, dolomita, fluorita, arena sílica, yeso, fosforita, wollastonita, celestita, feldespato,  caolín, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.

De acuerdo con el Informe Anual 2020 de la Cámara Minera de México (Camimex), en 2019 cinco metales aportaron el 82 por ciento del valor total de la producción minera nacional: oro (27.7 por ciento), cobre (24.6 por ciento plata (16.1 por ciento), zinc (7 por ciento) y hierro (6.6 por ciento). Como ya señalamos, nuestro estado es un importante productor de los primero cuatro.

Está claro que Zacatecas posee una gran riqueza de metales: literalmente estamos parados sobre una mina de oro y plata. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar cabalmente estas riquezas en beneficio de nuestra población: paradójicamente, a pesar de ser uno de los estados más ricos en minerales, somos uno de los estados más pobres a nivel general.

Por eso, la pregunta fundamental que debería guiar el desarrollo económico y social con base en la minería en nuestro estado es ¿qué estrategias podemos adoptar para aprovechar de manera eficiente estas riquezas y que se vean reflejadas en un crecimiento inclusivo?

Actualmente la industria minera genera importantes ingresos. En 2018, de acuerdo con datos de INEGI, en Zacatecas se realizaron exportaciones con un valor de poco más de 3,000 millones de dólares ($3,073’248,000), de los cuales poco más de una tercera parte correspondieron a exportaciones por minerales ($1,113’325,000); la cifra quizá sea más alta si se consideran los rubros de Industrias metálicas básicas y la fabricación de productos metálicos, pero estos datos se encuentran catalogados como confidenciales, agrupados bajo la categoría de subsectores no especificados.

De igual manera, de acuerdo con el INEGI, las actividades mineras en Zacatecas representaron en 2018 hasta 11.2 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) del estado, lo que implica casi el doble de la participación del sector respecto al promedio nacional (5.1 por ciento) y por ello se le considera un sector estratégico en nuestra entidad.

Pero como ya hemos señalado, la contribución al PIB y el valor de las exportaciones no son un indicativo fiel del im- pacto social que representa la actividad minera para la región, ya que nuestra situación actual demuestra que la mera extracción de estos metales no ha significado un crecimiento económico inclusivo. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al cuarto trimestre de 2019 la población económicamente activa en el estado de Zacatecas era de 668 mil 529 personas, de las cuales sólo 14 mil 034 (2 por ciento) se dedican al sector de la industria extractiva y electricidad.

Por lo tanto, no basta con medir el impacto directo en términos financieros, sino que también es necesario considerar el impacto social en número y calidad de empleos, los procesos asociados de la industria metalúrgica que generan valor agregado como la fundición, el tipo de encadenamientos que se propician entre sectores para dotar de mayor valor a la cadena de procesamiento, el impacto indirecto en proveedores relacionados con estas industrias, así como considerar a profundidad otros aspectos como el cuidado del agua y del medio ambiente, fundamentales para un desarrollo sostenible.

Nuestro estado cuenta con valiosos recursos minerales, pero es necesario aprender a aprovecharlos mejor. Las gran- des empresas, como en el caso de la minería, pueden convertirse en un importante motor de la economía y generar múltiples cadenas de valor. Esa debería ser nuestra principal estrategia en el sector: colaborar con las nuevas empre- sas mineras interesadas en invertir en nuestro estado, así como las que ya están instaladas, con el objetivo claro de impulsar la integración del talento que egresa de nuestras instituciones, el desarrollo de proveedores locales y el enca- denamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, y así favorecer un mayor impacto en la economía local.

La actividad minera requiere de cuantiosas inversiones iniciales, por lo que en la práctica queda reservada a las grandes empresas capaces de asumir estos costos. Pero esto no significa que no se pueda crear una sinergia positiva con las pequeñas y medianas empresas. Para lograr esta integración el primer paso es consolidar las cadenas de proveeduría, integrando principalmente a las pymes locales. Para ello, es recomendable trabajar de manera estrecha con el gobierno, la sociedad y las empresas mineras de Zacatecas para promover la claridad, transparencia y difusión pública de los requisitos establecidos para sus proveedores, favoreciendo así una mayor participación local.

Además, sería pertinente la creación de programas especializados de fortalecimiento y desarrollo de proveedores, basados de preferencia en una estandarización de calidad internacional tipo ISO, para que los nuevos proveedores locales que se generen también sean capaces de participar en otros sectores industriales, incrementando la integración de las mipymes en cadenas de valor y fortaleciendo a las empresas que ya son proveedoras.

Sabemos que en nuestro estado aún no se cuenta con todos los insumos necesarios para la industria minera. Por ello, es fundamental la puesta en marcha de programas enfocados al fortalecimiento y desarrollo de proveedores con un trabajo coordinado y el apoyo total de Gobierno del Estado, para minería y otras industrias asociadas a esta actividad.

Estos programas de desarrollo de proveedores deben incluir capacitación y certificación en estándares de calidad internacionales, para que las empresas participantes puedan integrarse también a otros sectores industriales locales, nacionales o internacionales; lo anterior dado que es una realidad que el recurso natural no renovable de nuestra en- tidad se agotará y se requiere de estrategias a mediano y largo plazo para el desarrollo sustentable de nuestro estado y la actividad minera.

La integración de la industria minera con las locales debe incluir no sólo a proveedores, sino también buscar una mayor participación de los recursos humanos y el talento local, como los académicos y profesionistas que egresan de nuestras universidades, tanto de la rama de la metalurgia, como de otras profesiones afines y necesarias para el desarrollo de esta actividad: ciencias ambientales, administración, derecho laboral, comercio internacional, ciencias de la salud, mecatrónica, software, entre otras. En este mismo sentido, también es importante desarrollar y dar seguimiento a los programas educativos vinculados con la industria ya existentes.

Otro problema que ha impedido que la actividad minera tenga un mayor impacto social e integración con la indus- tria, ha sido que históricamente en el país —y particular- mente en nuestra entidad— dicha actividad se ha limitado en buena medida a la extracción. Al respecto, Burnes Ortiz (2017) señala que el proceso mexicanizador de la minería que inició a partir de 1960 sólo abarcó un aspecto: la extracción de minerales. La metalurgia y la comercialización quedaron intocadas, de manera que la mexicanización sólo modificó en parte el control integral de los monopolios sobre las actividades minero-metalúrgicos del país y no lo afectó en forma significativa. Esta limitante promovió una nueva modalidad de dependencia externa, concretada en la importación de bienes de equipo, materias primas y tecnología, en su aportación al endeudamiento externo y déficit de la balanza comercial, y en los mecanismos de comercialización de la producción minera.

Se estima que sólo el 2 por ciento de la realización en el mercado de los minerales producidos en México lo efectuaban los empresarios del país, y la amplia porción restante se hacía por medio de agencias de empresas extranjeras.

Es importante recalcar que la actividad minera no se limita a la extracción. La industria metalúrgica también incluye el beneficio, que se refiere a la separación, refinamiento y preparación del material en bruto, así como la fundición y transformación de los metales. En la naturaleza es muy raro encontrar metales puros; casi siempre se en- cuentran mezclados con otros elementos en distintas con- centraciones. La metalurgia es definida como el proceso de extracción y purificación de este material, mediante diversas técnicas que permitan la máxima recuperación de los minerales y metales deseados al menor costo posible, para que el proyecto sea rentable y viable.

Separar y extraer los diferentes minerales de las rocas es un trabajo delicado que requiere tecnología avanzada. Pero a mediano plazo, no hay una diferencia significativa entre los costos derivados del transporte del material en bruto hasta los cen- tros de procesamiento, y el desarrollo de infraestructura para su procesamiento a nivel local; por supuesto esta última opción generaría una mayor derrama económica y crecimiento en la entidad.

Por eso, es necesario impulsar en Zacatecas el desarrollo de infraestructura y establecer refinerías para la fundición de metales y el procesamiento de otros minerales no metálicos, ya que los minerales refinados cuentan con un mayor valor agrega- do en los mercados nacionales y de exportación, además de favorecer el establecimiento y encadenamiento de otras in- dustrias, por ejemplo, metalmecánica, electrónica y fertilizantes.

Un buen ejemplo lo tenemos en las siderúrgicas del norte de nuestro país, que a nivel regional han sido la base para el establecimiento de otras importantes industrias como la automotriz. Pero actualmente este tipo de refinerías e industria metalúrgica avanzada no se encuentran desarrolladas en Zacatecas, a pesar de que nuestro estado es un punto logístico y geográfico privilegiado, con una excelente conectividad hacia múltiples zonas industriales del país, y generador de una gran cantidad de recursos minerales.

Por lo tanto, para un desarrollo sustentable de la industria minera y nuestro estado se requiere de inversiones de la iniciativa privada que no se limiten a la exploración y extracción, sino que tengan una visión de desarrollo de mediano y largo plazo que incluya un plan de integración con otras industrias. Al respecto, en el estudio Zacatecas, referente mundial de la minería (2016), la consultora PWC señala que:

La producción minera [en Zacatecas] tiene la capacidad para consolidarse como centro de actividad e inversión para insta- laciones de manufactura de proveedores internacionales; es decir, que las condiciones están dadas para la consolidación de un clúster donde se incremente la presencia de empresas que fabrican maquinaria y equipo de minería subterránea, así como para abrir la puerta a otros participantes de la cadena de suministros en la minería con la posibilidad de atender el mercado de México, así como los de América del Norte y del Sur y otros continentes en el mundo.

Si consideramos que el costo del transporte de la materia prima impacta de manera importante en el costo del producto final, y suponiendo que las materias primas están concentradas en un solo punto, como es el caso de la mine- ría, entonces la localización óptima de una empresa será en el punto de origen de la materia prima, no en un punto intermedio (Gaytán Alfaro et al., 2017). Por tal motivo, para impulsar la creación y el crecimiento de empresas locales competitivas se debe explotar el encadenamiento productivo de todos los productos cuya materia prima se genera en el estado.

Es importante hacer hincapié en la integración y transición de la minería con otras industrias. Por su propia naturaleza, la actividad minera por sí sola no es sustentable, ya que al igual que otras actividades extractivas está sujeta a la existencia de recursos no renovables que tarde o temprano se agotan.

Debido a esta dependencia de recursos naturales, la industria minera no suele instalarse en los principales centros demográficos y económicos de la región, sino en las zonas en donde se encuentran los yacimientos, los cuales pueden localizarse en territorios alejados y de difícil acceso.

De no encadenar la industria minera con otras actividades que sean sustentables y generen valor agregado, existe un alto riesgo de que las zonas en donde se desarrolla la minería sean abandonadas cuando se agotan los recursos naturales. Los numerosos pueblos fantasmas de nuestro estado y otras entidades mineras dan cuenta de ello, tal como ocurrió con Aranzazú del Cobre en Concepción del Oro, un próspero pueblo minero hasta mediados del siglo XX, y ahora habitado por sólo tres personas;

O el caso de Nuevo Mercurio en Mazapil, en donde incluso se utilizaron las minas abandonadas para depositar los desechos tóxicos de otros países; o el municipio de Vetagrande, que en las épocas de bonanza durante la Colonia llegó a rivalizar con la vecina ciudad de Zacatecas, y ahora tiene menos de 10,000 habitantes, esto es, sólo una veinteava parte de la población de la capital estatal, que se encuentra a tan sólo unos cuantos kilómetros.

Por otra parte, una preocupación que se menciona de manera frecuente es que las cargas impositivas puedan desa- lentar las nuevas inversiones. Sin embargo, hasta antes de las modificaciones a las Ley Minera en 2013, en las que se fijó una tasa del 7.5 por ciento sobre la utilidad fiscal de la actividad minera y un 0.5 por ciento extra de los ingresos derivados de los metales preciosos, México era uno de los pocos países que carecía de impuestos a la industria minera, por lo que este cambio significó un ajuste necesario en con- sonancia con el panorama mundial. Como explica Burnes Ortiz (2017: 50):

Hasta la reforma fiscal minera de 2013, lo que las compañías mineras pagaban por las concesiones era de 0.6 por ciento del valor de la producción, lo que significó, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que las empresas extrajeran del subsuelo 173 veces más valor que el que pagaron en impuestos por explotar sus recursos naturales.

Por ello, los impuestos que se agregaron a partir de 2013 no han desalentado las nuevas inversiones en exploración, y esta actividad continúa siendo rentable para las empresas: de acuerdo a Camimex entre 2019 y 2024 de los 19 nuevos proyectos por oro, cuatro corresponden a Zacatecas con una inversión de más de 540 millones de dólares; de los 15 nuevos proyectos por plata, cinco son de Zacatecas; de los siete nuevos proyectos por cobre, dos corresponde a Zacate- cas; de los cinco por zinc, uno corresponde a Zacatecas. Por su parte, la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), in- dicó que en 2020 existen cinco nuevos proyectos en marcha, como el de Camino Rojo en Mazapil, San Nicolás en Villa García y Juanicipio en Fresnillo, además de señalar que en Zacatecas existen al menos 2,350 concesiones mineras vi- gentes, así como otras concesiones disponibles que serán sujetas a regulación.

Esta información es ligeramente distinta a la proporcio- nada en diciembre de 2018 por el Servicio Geológico Mexi- cano (sgM) en el Informe del Panorama Minero del Estado de Zacatecas, que indica que en nuestro estado se tienen un total de 2,671 concesiones mineras vigentes a abril de 2019, las cuales cubren una superficie de 2.3 millones de hectáreas, que representan el 31.64 por ciento de la superficie estatal, y quedando libre el 68.36 por ciento. Todas estas cifras indican que la actividad minera aún tiene un gran potencial en nuestro estado (véase mapa 3).

Recordemos que los impuestos son la manera en que el Estado distribuye una parte de las ganancias que generan las entidades privadas para destinarlas al beneficio común, ya sea en infraestructura básica, educación o salud, entre otras prioridades. Como ya he señalado, la principal meta del gobierno es garantizar un desarrollo económico y social de base amplia. Por supuesto que entre las tareas del Estado se encuentra el fomento a la industria y al sector productivo, pero no basta simplemente con atraer inversiones, sino que debe buscarse que éstas cuenten con un sentido y una visión integral de los beneficios que pueden aportar a la comunidad, pues nunca debemos de olvidar que a final de cuentas el gobierno representa los intereses legítimos del pueblo.

Precisamente los impuestos a la actividad minera se establecieron con la idea de que todos los territorios productores de recursos naturales tenían derecho a recibir una compensación por la riqueza sustraída a través de las actividades extractivas.

El objetivo de esta medida fue promover oportunidades de desarrollo sostenible con el empleo de tales recursos. Pero en la práctica, aún existen condonaciones y deducciones que se prestan a dobles interpretaciones. Por tal motivo, el go- bierno debe apoyar el establecimiento de nuevas industrias y la consolidación de las ya existentes con reglas claras e in- fraestructura básica que les permita ser competitivas, pero se deberían evitar condonaciones innecesarias que puedan dar pie a una polémica mayor, o incluso ser un posible signo de corrupción.

La propia Ley Minera vigente ha sido objeto de un constante debate, debido a que en ella persiste cierta confusión entre las esferas del bien público y las actividades enfocadas a las ganancias privadas, ya que a la letra señala:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

Al declarar de utilidad pública una actividad privada, y además preferente a cualquier otro uso, en la práctica esto significa que el Estado tiene la potestad de expropiar a los dueños de las tierras en donde se encuentren las riquezas minerales en caso de que no quisieran venderlas o no se llegara a un acuerdo, para así otorgarlas legalmente en con- cesión a empresas particulares, lo que claramente se contra- pone con la idea básica de un bienestar público.

Además, al señalar que los únicos gravámenes podrían ser de orden federal, esto significó una prohibición explícita para que los estados impusieran sus propias condiciones fiscales a las mineras, privándolos de un posible ingreso significativo. De hecho, este es el origen de la controversia sobre el impuesto ecológico que se ha intentado establecer en Zacatecas desde 2017.

Al respecto, el Informe Anual 2019 de la Cámara Minera de México (Camimex), señala que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las entidades federativas pueden establecer impuestos ecológicos, pero únicamente sobre las materias de competencia en dichas entidades, siendo que la regulación ambiental de la minería es de competencia federal”.

En febrero de 2020, la Suprema Corte convalidó dos de los cuatro impuestos eco- lógicos estatales, específicamente el impuesto por emisión de gases a la atmósfera, y por emisión de contaminantes a suelo, subsuelo y agua; mientras que invalidó el de remedia- ción ambiental por considerarlo competencia exclusiva de la Federación, y el de almacenamiento de residuos, por no cumplir con la proporcionalidad tributaria.

Con un espíritu distinto al que se refleja en la Ley Minera, nuestra Constitución, máxima ley en el país, es muy clara en su artículo 27:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias […] para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña pro- piedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganade- ría, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elemen- tos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Este mismo artículo constitucional señala que la nación, es decir, el pueblo de México, posee la propiedad original sobre las riquezas del subsuelo, que no sólo incluyen los minerales, sino también los recursos hídricos:

–Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los re- cursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan de- pósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria-.

Por tales motivos, con miras en un desarrollo sustentable, la actividad minera no debería ser un factor de exclusión de otras actividades productivas, sino un complemento de éstas. De lo contrario, si se destinan todos los recursos naturales y financieros a la actividad minera podríamos llegar a con- vertirnos en un estado fantasma cuando se agoten los minerales.

Afortunadamente existen ejemplos de que la situación actual puede mejorar: en enero de 2020 se alcanzó un acuer- do con una importante minera para proteger de la sobreexplotación el acuífero Cedros en el municipio de Mazapil, formalizando por primera vez en la historia de nuestro país una declaración de obligaciones para la preservación de las aguas nacionales subterráneas, en un esfuerzo que implicó el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, la ciu- dadanía zacatecana y la empresa privada, lo que permitirá garantizar el derecho humano al agua de los pobladores, siguiendo con ello los lineamientos de la ONU que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano básico.

Este tipo de problemas podrían evitarse desde la raíz si el otorgamiento de concesiones se lleva a cabo de manera transparente y con un correcto estudio de factibilidad, atendiendo los diversos análisis y recomendaciones como los de Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMss) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, si- guiendo los protocolos internacionales de cuidado al medio ambiente y realizando una auditoría ambiental periódica que permita regular de manera efectiva la operación y el funcionamiento de estas concesiones, y mejorar los métodos de extracción de la industria, limitando el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Respecto al impacto del Covid-19 en la minería, el informe del mes de abril Commodity Markets Outlook 2020 del Banco Mundial destaca que el índice de precios de metales y minerales cayó 4.7 por ciento durante el primer trimestre de 2020, a consecuencia de una fuerte caída en la demanda de la industria. Los precios del cobre y el zinc disminuyeron alrededor de 15 por ciento y el hierro 7 por ciento, lo que refleja la estrecha relación de los metales con la actividad económica global.

Los precios del oro subieron modestamente por considerarse un refugio de valor en medio de la incertidumbre, mientras que el platino tuvo una importante caída de 23 por ciento, reflejando su fuerte vínculo con la industria del transporte en la producción de convertidores catalíticos.

Asimismo, se prevé una modesta recupe- ración de los precios durante 2021, y un bajo riesgo de inversión a largo plazo, debido a la importancia estratégica de los metales en muchas ramas de la industria.

Por otra parte, desde hace algunos años países como El Salvador han suspendido la apertura de actividades mineras en su totalidad, y Costa Rica ha prohibido la técnica de extracción a cielo abierto debido a su alto impacto sobre el territorio. Sin llegar a esos extremos, debemos aprovechar la riqueza en el subsuelo de Zacatecas como un recurso estratégico para el desarrollo económico, y por tal motivo la actividad minera presente y futura deben plantearse de manera consciente, considerando tanto los riesgos como los beneficios sociales, económicos e industriales a mediano y largo plazo.

Sobre todo, no podemos perder de vista que las actividades extractivas se encuentran limitadas a un ciclo finito, por lo que no deberían comprometer otras actividades productivas renovables ni otros recursos naturales de la región como la flora, la fauna y sobre todo el agua, de la que depende la calidad de vida y el futuro de las comunidades.

Se trata de mantener el vigor de nuestro sector minero, pero sin impedir el florecimiento de nuevas actividades y sinergias que permitan potenciar y desarrollar al resto de los sectores con el fin de promover un desarrollo más integral dentro de la región. Ya desde 1776 el econo- mista Adam Smith plantea algo similar en el capítulo IV de su libro La riqueza de las naciones, haciendo un guiño a los recursos renovables:

Un país rico, de la misma forma que un hombre rico, se supone es un país donde abunda el dinero; y acumular oro y plata en un país se supone es la forma más sencilla de enriquecerlo […] Entre los tártaros, como en todas las naciones de pastores que son usualmente ignorantes del dinero, el ganado es el instrumento del comercio y la medida de valor. La riqueza, por lo tanto, según ellos, consiste en ganado como para los españoles consistía en oro y plata. De los dos, tal vez la noción de los tártaros estaba más cerca de la verdad.