Piden que SFP investigue a Segalmex

Por Ágora Digital /// Redacción

• Las y los diputados presentan 11 iniciativas de reforma a diversas leyes estatales y a la Constitución de Zacatecas

Zacatecas.- Por presuntos actos de corrupción en la aplicación del programa  de préstamo de semilla de frijol encabezado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la 63 Legislatura pidió a la Secretería de la Función Pública investigue a la Segalmex.

«Solicitamos a la Secretaría de la Función Pública federal inicie una investigación por estos posibles hechos de corrupción y de conflicto de interés y, si procediera, denunciar a quien o quienes resulten culpables en caso de un delito en el traslado de frijol de Zacatecas a Durango en detrimento de cientos de productores», dijo el diputado Armando Perales

Explicó que los productores zacatecanos han denunciado una serie de irregularidades como, por ejemplo, el traslado del frijol del estado de Zacatecas hacia Durango, pese a que en la entidad hay centros de cribado y de beneficio de este grano suficientes y con la tecnología necesaria.

Con este traslado, los afectados señalan que no están teniendo beneficios económicos; un hecho particularmente preocupante en el actual contexto de crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Otra de las quejas, agregó Perales Gándara, es que los camiones para trasladar el frijol a Durango ni siquiera se están contratando entre transportistas zacatecanos sino que se han otorgado los contratos a líneas de transporte de Jalisco.

Así, la legislatura pidió a Segalmex presente a las y los diputados zacatecanos un informe detallado y con el soporte documental necesario, en relación a las licitaciones que se han lanzado para asignar los contratos de transporte y de beneficio del frijol dentro del programa de préstamo de semilla para el ciclo primavera-verano 2020.

…Iniciativas diversas

La diputada Mónica Borrego exhortó al gobernador Alejandro Tello Cristerna impemente un programa compensatorio extraordinario de becas, apoyos y atención alimentaria, enfocado a los alumnos de educación básica de escuelas localizadas en zonas con bajos niveles de desarrollo humano y altos índices de pobreza social.

La legisladora expuso dos posibles fuentes de obtención de recursos para poder implementar esta acción: la primera es la gestión y la segunda, que es la que se sugiere como principal opción, es el presupuesto del Sistema DIF Estatal puesto que debe destinarse a este tipo de programas para el apoyo de la población vulnerable, además de que no sufrió modificaciones. La iniciativa fue enviada para su análisis a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Establecer por ley la atención médica a domicilio

Los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, así como la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales propusieron una iniciativa de decreto que tiene como fin agregar una fracción al artículo 5 de la Ley de Salud de la entidad.

El objetivo es facultar al Estado en materia de salubridad para que se pueda brindar la atención médica a domicilio a pacientes cuyas condiciones de salud les imposibiliten a acudir personalmente a los centros de salud y de esta forma dar continuidad a sus revisiones médicas.

Haciendo alusión a la situación de salubridad y consecuencias que ha ocasionado la pandemia que actualmente se vive en el mundo, el diputado Héctor Menchaca destacó que con la propuesta se trata de garantizar el derecho a la protección de la salud y lograr un acceso más equitativo al servicio médico, mejorando la calidad de vida, particularmente, de la población más vulnerable.

Eliminar la carta de no antecedentes penales de la legislación estatal

Pese a que desde la Constitución Política del país se establece como un derecho humano la no discriminación, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada consideraron que aún persisten prácticas discriminatorias sistemáticas que obedecen a patrones culturales que se han desarrollado en la sociedad mexicana.

Una de estas situaciones se encuentra en el sistema de justicia y tiene que ver con la constancia de no antecedentes penales como requisito para la obtención de un trabajo, lo que frena las posibilidades de la reinserción social de las personas que han cumplido sentencia por algún delito.

Por ello, atendiendo también a los llamados que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para eliminar toda normativa que sustente la permanencia de este acto discriminatorio, las y los legisladores propusieron cambios en la Constitución Política del Estado, en la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones de la entidad y la Ley de Hacienda estatal.

Con la reforma planteada se incorporaría en la norma la prohibición de construir viviendas  en áreas aledañas a zonas de actividad industrial contaminante o donde operen ladrilleras para evitar que los problemas que actualmente existen en algunas regiones del estado continúen multiplicándose.

Erradicar la violencia y el acoso laboral en el sector público

Para garantizar que la Ley del Servicio Civil del estado esté alineada a las disposiciones federales en materia de violencia y acoso laboral, el legislador Eduardo Rodríguez Ferrer propuso reformar esta legislación con la finalidad de incorporar estos dos conceptos en el artículo 2, de forma que se homologue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Recordó que la Ley del Servicio Civil es la que regula las relaciones laborales entre los poderes del Estado, en los municipios, entidades paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, y concluyó que es urgente que se modifiquen estas disposiciones.

El diputado consideró que es una obligación y también un compromiso de la LXIII Legislatura el impulsar políticas que busquen eliminar estas prácticas que “socavan los derechos de quienes las padecen. Evitemos más sufrimiento psicológico, más humillaciones, desmotivación, la pérdida de la autoestima y promovamos políticas frescas y efectivas que abonen a un clima libre de violencia y acoso laboral” se argumentó.