Defienden Salaverna, por despojo, y los vinculan a proceso

Por Ágora Digital ///Redacción

Zacatecas,(18-12-2021).-El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) señaló que Roberto de la Rosa Dávila y su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, integrantes del comité de posesionarios de Salaverna, Las Majadas y Santa Olalla, pertenecientes al municipio de Mazapil, Zacatecas, fueron vinculados a proceso penal por el Estado Mexicano.https://www.agoradigital.com.mx/cuarentena-en-resistencia-por-depredacion-de-carlos-slim/

Ellos son parte de los habitantes de Salaverna que se negaron a dejar sus hogares para que la empresa minera Ocampo Minning pudiera llevar a cabo sus trabajos, y el asunto se encuentra en litigio.

El FSSP informó que la empresa minera propiedad de Carlos Slim les prohibió acceder a sus casas y tiene cerrada una carretera los caminos vecinales.

Así, advirtieron que la empresa minera propiedad de Carlos Slim están violando la libertad de tránsito garantizado por el artículo 11 constitucional y afectan los derechos humanos y las garantías constitucionales de los habitantes de las comunidades.https://www.agoradigital.com.mx/que-slim-pague-los-danos-en-salaveran-y-nos-deje-en-paz-de-la-rosa/

El FSSP, por medio del diputado José Luis Figueroa Rangel y Efraín Arteaga Domínguez, explicó que, en la audiencia para la formulación de imputación, realizada el pasado viernes 10 de diciembre, en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, la jueza Blanca Olivia Aguilar Berumen les dictó acto de vinculación a proceso a los campesinos.

Argumentaron supuestos delitos cometidos en contra de tres trabajadores de la empresa minera Ocampo Minning, antes Tayahua, propiedad del magnate Carlos Slim Helú.

 “La jueza transgredió el artículo 13, fracción tercera, del Código Penal para el estado de Zacatecas, que textualmente dice son circunstancias excluyentes de responsabilidad: Fracción tercera. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus derechos o bienes, o de la persona, honor, derechos o bienes de otro, repeliendo una agresión violenta, injusta y de la cual resulte un peligro inminente”, señaló Efraín Arteaga.

El Frente Social hizo un llamado a la ciudadanía, así como a toda clase de organizaciones obreras, campesinas y populares, a exigir el cese inmediato a la persecución penal en contra de Roberto de la Rosa Dávila y Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, y la cancelación inmediata y definitiva del proyecto de explotación minera a cielo abierto en Salaverna, Las Majadas y Santa Olalla en Mazapil.

El FSSP explicó que los apoderados legales de la empresa minera les comunicó a los defensores legales de Roberto de la Rosa y su hijo que tienen nueve denuncias en contra de ellos y los defensores de Salaverna, situación que fue calificada por los frentistas que apoyan a los campesinos como «una persecución implacable». https://www.youtube.com/watch?v=w1a_nl9fP_0

Agregó que la jueza de control determinó dar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, de tal manera que la siguiente audiencia se va a a realizar el día 10 de febrero y, por lo tanto, la amenaza de la posible detención de los compañeros sigue latente.

El abogado y el legislador recordaron que durante años  la empresa minera ha fracturando el suelo de la comunidad de manera  intencional, sistemática e implacablemente con el deliberado objetivo de romper las viviendas, pisos, paredes y techos, de las familias campesinas, y propiciar de esa manera su desplazamiento forzoso.

De modo que, cuando una familia es desplazada, acude inmediatamente la empresa y demuele esa vivienda.

«Carlos Slim ha logrado reducir a una pila de escombros la casi totalidad de las viviendas de la comunidad de Salaverna», señalaron.

Además, los campesinos han denunciado por la minera y en resistencia para mantenerse en su tierra han precisado de manera recurrente que la empresa  está construyendo una cerca de malla ciclónica alrededor de la comunidad, lo que provocó el cierre de la carretera antigua que va de Mazapil a Concepción del Oro.

También insistieron,  han bloqueado los caminos vecinales y las servidumbres de paso y, ahora mismo, les prohíbe a los habitantes de Salaverna, que aún resisten, acceder a sus casas.

Tanto Figueroa como Arteaga señalaron que el despojo y hoy la persecución legal contra los campesinos en resistencia se da con la complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal.

«La Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, tal como si fuésemos una República bananera actúan a toda velocidad cuando se trata de denuncias de la empresa minera en contra de los compañeros, que no hacen sino defender la naturaleza y sus derechos posesorios y, en cambio, cuando se trata de denuncias de los compañeros en contra de Carlos Slim y de la minera simplemente no actúan», precisó Arteaga

Arteaga recordó que el 23 de diciembre de 2016 se llevó a cabo un operativo para demoler la comunidad de Salaverna, donde tiraron varias viviendas, la Iglesia, la escuela, los edificios públicos de la comunidad, se interpuso una denuncia penal en contra del entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna y de la secretaría general de Gobierno.

Entonces, tras ésa demolición los afectados interpusieron una denuncia penal en contra de Carlos Slim por los daños y los perjuicios que han provocado a los habitantes de la comunidad.

Recién, se interpuso otra denuncia en contra del Ejido Mazapil, que ha estado despojando de sus derechos corporativos a los compañeros, porque hay siete compañeros que forman parte de esta comunidad de Salaverna que, al mismo tiempo, son ejidatarios y pertenecen al ejido Mazapil.

«Las denuncias que se interponen no se atienden, esas no caminan, en cambio, las denuncias que interpone la empresa en contra de los compañeros se atienden en la Fiscalía y el Poder Judicial a toda velocidad», lamentó Arteaga, abogado e integrante del Frente Social.