Sobre aviso no hay engaño. El ingreso ilegal de dinero a las campañas será duramente sancionado
Por Matías Chiquito Díaz de León*
Zacatecas (27-08-2020).- De las problemáticas que han aquejado mayormente a los procesos electorales queda aún sin resolver el asunto del dinero ilegal en las campañas político-electorales. Es un tema ampliamente sensible ya que está directamente vinculado al principio de equidad en la contienda, que es de obligada aplicación a fin de que los resultados de la elección correspondan realmente con la voluntad genuina de los votantes. No podemos hablar de elecciones libre si el dinero condiciona o determina el sentido en que el sufragio se emite.
Aún cuando se registraron múltiples escándalos por los casos registrados sobre financiamiento ilegal de las campañas, el sistema electoral mexicano no había logrado diseñar mecanismos efectivos para evitar uso ilícito de dinero en las elecciones y sancionar a los infractores. Es amargo recordarlo, pero están los emblemáticos casos ocurridos en sucesivos procesos electorales, solo como ejemplo, recordemos que en las elecciones presidenciales del año 2000 la vergüenza ajena fue a causa de los asuntos llamados “PemexGate” y “Amigos de Fox”; en ambos, el entonces IFE sancionó a los partidos involucrados, solamente por no haber reportado los ingresos ilegalmente obtenidos, pero no hizo juicio alguno por la ilegalidad misma en el origen del dinero, ni por el rebase evidente a los topes de los gastos de campaña, no hubo sanciones para las personas responsables de los ilícitos.
En las elecciones de 2006, faltaba más, el propio presidente en turno hacía alarde de las acciones realizadas desde la administración pública para favorecer al candidato de su partido, asunto no investigado. Por si algo faltase, en las elecciones presidenciales de 2012 las impugnaciones estuvieron centradas en la, entonces, presunta ilegalidad del financiamiento de la campaña del candidato ganador.
En este último de los casos señalados, el INE investigó y con la información que tuvo a disposición concluyó que no había responsabilidad alguna que mereciera ser penalizada. Unos años despúes (en 2017) el entonces Fiscal para la Atención de Delitos Electorales anunció nuevos hallazgos en sus investigaciones, que a su juicio constituían evidencia suficiente para probar un financiamiento ilegal de la campaña del entonces Presidente de la República. La respuesta fue inmediata, ante el asombroso silencio de las instituciones que lo habían respaldado, el Fiscal fue destituido; ni aún los más destacados paladines de la democracia en México se manifestaron contra la arbitraria destitución. Aunque sí, el Instituto Nacional Electoral inició una investigación siguiendo las huellas de los hallazgos mencionados, expediente aún abierto.
Con estos antecedentes llegamos al Proceso Electoral 2020-2021, elecciones federales y locales con jornada comicial concurrente el 6 de junio próximo. Elecciones relevantes para Zacatecas, pues además de ayuntamientos y diputaciones, votaremos para la Gubernatura del Estado.
Es la relevancia de la próxima elección la que motiva una necesaria reflexión sobre lo que enfrentaremos en el próximo proceso electoral en el tema de la fiscalización de los dineros utilizados en las campañas. Aunque el asunto tradicionalmente fue tratado con amplio desdén por las autoridades responsables de auditar el ingreso y destino del dinero público y, en general, de regular y vigilar la circulación de efectivo, haciendo nugatoria toda posibilidad de contribución a los procesos de fiscalización realizados por el INE, ahora las circunstancias son diferentes.
En efecto, resulta que el Fiscal destituido por la administración del presidente Peña Nieto, ahora es nada menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República. El funcionario, siguiendo las pistas ya abiertas desde el ámbito de los delitos electorales, logró la detención del Sr. Emilio Lozoya, quien ha venido a destapar las entrañas del financiamiento de la campaña presidencial de 2012, evidenciando las fuentes ilícitas del dinero utilizado por el entonces candidato Peña Nieto. Haberse visto antes.
Luego entonces, las autoridades electorales han encendido alertas. Ya velan armas. No puede haber tregua para el financiamiento ilegal de las campañas que se desarrollen en elecciones futuras, iniciando con las más próximas, en 2021. Es seguro, los casos de financiamiento ilegal que se lleguen a documentar serán duramente sancionados; no será solamente la nulidad de la elección, el destino de los responsables será la cárcel y la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Está de por medio el principio de equidad en la competencia. Ahora el INE cuenta con el apoyo fundamental, muy decidido, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un desempeño institucional coordinado permitirá limpiar las campañas, de esa suciedad que les aporta el dinero proveniente de fuentes ilícitas; de no hacerlo, el ejercicio de los gobiernos cuyo titular ganó con ilicitudes, por naturaleza, será ilegítimo
*El autor es Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado