Muestra CDHEZ oscura realidad de Zacatecas ante la crisis de salud y social

Domínguez Campos. Dedo en la llaga.

Por Gerardo Romo/// Ágora Digital

Zacatecas,(27-01-2021).-La entidad vive un negro panorama a consecuencia de la crisis de salud, econnómica y social generada por la pandemia de la covid 19 que agudizó la violencia, los feminicidios, la desaparición de mil personas, la impunidad y las constantes violaciones a derechos humanos de las policías municipales y estatales y de las instituciones de salud incapaces de brindar atención a enfermos e incluso a quienes han muerto por enfermedad, resumió María de la Luz Domínguez ombudsperson de Zacatecas.

«Detectamos prácticas ilegales como toques de queda, arrestos administrativos, imposición de sanciones y multas, cierre de comercios, filtros policiacos y restricciones de movilidad, so pretexto de prevenir el contagio y propagación del COVID-19, abusos de poder de autoridades estatales y municipales, arbitrariedades, discriminación e injusticias, lo que se traduce en la vulneración de derechos humanos de muchos zacatecanos y zacatecanas», dijo la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Ante el colapso de los servicios de salud estatales, Domínguez Campos explicó que la (CDHEZ) para realizó numerosas gestiones para que familiares recibieran información sobre sus pacientes enfermos de la COVID-19, la realización de pruebas PCR, corroborar la información de la causa de muerte de pacientes, gestionar abasto de medicamentos, reprogramación de citas médicas, reprogramación de estudios clínicos especializados, así como la atención urgente de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, entre otras.

«Fuimos la única instancia a la que familiares pudieron recurrir, cuando desconocían el estado de salud de sus pacientes o les negaban la información, cuando requerían medicamentos, estudios clínicos o atención médica urgente. Cuando había tardanza en la tramitación de certificados de defunción, cuando se les impedía reconocer el cadáver de sus familiares, o bien, cuando se confundieron los cadáveres o simplemente éstos fueron extraviados», dijo Domínguez Campos.

En ése panorama, durante 2020 se presentaron 596 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos estatales o municipales, de las cuales las principales autoridades denunciadas son: las Policías Preventivas Municipales, Policía Estatal Preventiva, Agencias del Ministerio Público, Policía de Investigación, Presidencias Municipales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y el Hospital General de Zacatecas.

De estas quejas, 49 fueron de carácter oficioso, destacando 20 quejas iniciadas por 16 muerte de personas privadas de la libertad en centros y establecimientos penitenciarios. Además 5 quejas iniciadas por presunto abuso sexual infantil en escuelas primarias ubicadas en los municipios de Zacatecas, Ojocaliente, y Guadalupe.

Descomposición social y crisis penitenciaria

Durante 2020, la CDHEZ mitió 30 recomendaciones a diversas autoridades, de las cuales 12 fueron emitidas a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por hechos acontecidos en los Centros Penitenciarios.

En los últimos 4 años, informó Domínguez Campos han emitido 17 recomendaciones a centros penitenciarios antecedidas por 16 riñas, 65 lesionados, 30 homicidios, 9 suicidios y 8 muertes por enfermedad, sumando un total de 47 personas fallecidas en los últimos años. Destacando además la fuga de 12 internos de este Centro penitenciario durante 2020.

«Es urgente la implementación de medidas y acciones para garantizar el orden, la disciplina, la seguridad y la gobernabilidad al interior del Centro Penitenciario; por lo que se requiere la intervención inmediata del Gobierno Federal y la canalización de recursos federales para construir un nuevo penal y así cumplir con los principios constitucionales de reinserción social, justicia para las víctimas y garantizar la seguridad pública en la entidad», dijo.

«Zacatecas padecen una de sus peores crisis de inseguridad, violencia y criminalidad que ha afectado a la mayoría de su población de manera directa o indirecta, lo que repercute en graves violaciones a los derechos humanos de las personas», agregó.

La presidenta de la CDHEZ exigió que las mil personas en condición de desaparecidas en Zacatecas sean buscadas y localizadas con vida, por lo que deben fortalecerse las acciones de búsqueda de personas, por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, además de reforzar las investigaciones ministeriales con debida diligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia y la exhaustiva identificación de cuerpos y restos humanos localizados en las 337 fosas clandestinas que han sido encontradas en nuestro estado en los últimos años, incluidas 3 el asado fin de semana.

«Estas fosas clandestinas representan el 8.9% de las 4 mil 092 fosas clandestinas localizadas en todo el país, lo que evidencia que México y Zacatecas se han convertido en un gran cementerio, en agravio de miles familias», lamentó.

Durante 2020, precisó la presidenta de la CDHEZ, en Zacatecas se cometieron 14 feminicidios, 118 homicidios contra mujeres, 1,156 lesiones contra mujeres, 3,315 delitos por violencia intrafamiliar y 658 delitos sexuales.

Por lo que, dijo es urgente que la Fiscalía General de Justicia realice una investigación diligente, pronta y eficaz que lleve a la determinación de la verdad, identificación y enjuiciamiento de los responsables para que sean debidamente sancionados, y se garantice a las víctimas el derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral.

«Es inaceptable que exista impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, por ello deben ser efectivos y no simulados los mecanismos, políticas, programas y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, y adolescentes», recriminó.

También se pronunció porque se cree el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Abogados.

«No solo los periodistas se ven afectados, también las defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión hemos sido amenazados por el crimen organizado,el panorama de inseguridad ha alcanzado a otros gremios como son los abogados y abogadas litigantes que en el ejercicio de su profesión tienen que enfrentarse, también a las amenazas de la delincuencia organizada, teniendo como resultado el cierre de despachos jurídicos y lo peor abogados desaparecido o ejecutados en los últimos años», alertó.

Por último María de la Luz Domínguez Campos se pronunció porque en este proceso electoral que vivimos que culminará con elecciones a la gubernatura, 58 alcaldías y 18 diputaciones locales de mayoría, los partidos y candidatos eviten la guerra entre ellos y se conduzcan en un ambiente de paz y legalidad que permita a los ciudadanos elegir de manera libre a sus representantes sin presiones ni amenazas.